Líderes comunitarios y defensores se reunieron en la oficina del Centro de Trabajadores Unidos para anunciar una demanda destinada a impedir que la administración Trump use como arma los datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) contra los contribuyentes inmigrantes. La acción legal, presentada por el Centro de Trabajadores Unidos (CTU) e Immigrant Solidarity DuPage (ISD), representados por Public Citizen Litigation Group, Alan Morrison, y Raise the Floor Alliance, está dirigida contra el Secretario del Tesoro Scott Bessent, el Servicio de Impuestos Internos, y la Comisionada Interina del IRS Melanie Krauss después de que el Departamento de Seguridad Nacional pidió al IRS entregar las direcciones de aproximadamente 700.000 inmigrantes indocumentados identificados para la deportación.

El intento de la administración Trump de utilizar los registros del IRS para deportaciones masivas marca un nuevo capítulo en su agenda antiinmigrante. Después de enfrentar reveses en la ejecución de planes de deportación masiva, la administración ahora está explorando tácticas ilegales, tratando de violar las protecciones de privacidad de los contribuyentes que han estado vigentes durante décadas.

Los funcionarios del IRS han negado hasta ahora los intentos del departamento de verificar las direcciones, pero la solicitud es parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para alistar al recaudador de impuestos en sus planes de deportaciones masivas.

Kevin Herrera, director legal de Raise the Floor Alliance, aclaró la intención detrás de la acción legal: «Hemos pedido garantías al gobierno de que detendrán su intento de invadir el IRS mientras el caso se desarrolla en los tribunales, pero si no pueden darnos eso, buscaremos una intervención judicial de emergencia.»

En 2022, los inmigrantes pagaron $25.700 millones de dólares en impuestos de seguro social, 6.400 millones de dólares en impuestos de Medicare y $1.800 millones de dólares en seguro de desempleo. Esta contribución económica vital pone de relieve la hipocresía de apuntar a las comunidades que mantienen sus obligaciones fiscales a pesar de no tener acceso a muchos de los beneficios que sus impuestos apoyan. Independientemente de su situación legal, los inmigrantes tienen la posibilidad de obtener un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para declarar y pagar impuestos.

Ana Guajardo, Directora Ejecutiva del Centro de Trabajadores Unidos, habló apasionadamente sobre el daño causado por las acciones de la administración: «La agenda antiinmigrante del presidente Trump está preparada para romper comunidades, crear miedo y división, y amenaza las libertades de todos los residentes que están contribuyendo a la economía de esta nación al llenar sus impuestos con números ITIN. Nuestros miembros contribuyen a esta comunidad y al gobierno, al igual que todos los trabajadores, y merecen ser tratados con dignidad y respeto, no ser blanco de agendas políticas.»

Cristóbal Cavazos, de ISD, destacó las contribuciones económicas de los inmigrantes. «Los inmigrantes contribuyen con miles de millones de dólares a la economía de esta nación, y penalizar a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales no sólo es poco ético y racista, sino que carece de sentido desde el punto de vista económico».

Cavazos advirtió además que los intentos de la administración Trump de apuntar a los contribuyentes inmigrantes podrían destruir la confianza pública en el sistema tributario y marginar aún más a las comunidades que enfrentan barreras significativas. «El armamentismo de los impuestos », agrega Cavazos, »despejando el camino para la vigilancia masiva del gran hermano, es un ataque a la seguridad y estabilidad de nuestra comunidad, y tiene consecuencias peligrosas para todos nosotros bajo un gobierno que ataca la libertad de expresión.»

«Esta demanda es parte de una lucha más amplia para proteger la privacidad de todos los contribuyentes y garantizar que las agencias gubernamentales no sean armadas contra las comunidades inmigrantes», concluyó Cristóbal. «A través de esta demanda, estamos defendiendo a los trabajadores inmigrantes en Illinois y en todo el país».

Permitir que el IRS comparta información confidencial de los contribuyentes con las autoridades de inmigración sienta un precedente peligroso que podría erosionar las protecciones de privacidad para todos los contribuyentes. Si estas protecciones son violadas, podría allanar el camino para una mayor extralimitación del gobierno y la vigilancia que afecta a todos los contribuyentes.

Esta batalla legal no ha hecho más que empezar, pero el mensaje de CTU, ISD y Raise the Floor Alliance fue claro: los trabajadores inmigrantes contribuyen a la salud económica de este país y merecen ser tratados con dignidad y respeto, no como armas para obtener beneficios políticos.

Actualización: 14 de marzo de 2025 - Se ha presentado una moción para una orden de restricción temporal solicitando al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia que prohíba al Servicio de Impuestos Internos (IRS) revelar ilegalmente información de declaraciones de impuestos individuales a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de inmigración hasta que el tribunal escuche más argumentos sobre la legalidad de los planes de intercambio de información de la administración Trump.

«Necesitamos urgentemente un alivio de emergencia para evitar que el gobierno federal invada la privacidad de los contribuyentes en nombre del prejuicio y el terror», dijo Kevin Herrera, Director Legal de Raise the Floor Alliance. «Al intentar requisar el IRS para llevar a cabo deportaciones masivas, la administración Trump solo socava la confianza pública en el sistema tributario y amenaza la base de ingresos esencial necesaria para los servicios gubernamentales de los que dependen todos los estadounidenses. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras nuestras comunidades son perseguidas por cumplir la ley.»

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